¡SOMOS MUJERES Y HOMBRES LUCHANDO POR UNA EDUCACIÓN DEL TAMAÑO DE NUESTROS SUEÑOS. UNA NUEVA EDUCACION PARA LA SEGUNDA Y DEFINITIVA INDEPENDENCIA¡

Han pasado ya 19 años desde que la Ley 30 entro en vigencia. Durante ya casi dos décadas la educación en nuestro país ha ido paulatinamente decayendo, tanto desde el plano financiero como el de calidad, y sin embargo hoy, el gobierno nacional antes que asumir una tarea de carácter constitucional, ya que la educación es un derecho consagrado en nuestra carta política, pretende otorgarle a la educación el carácter de servicio, el cual no necesariamente será prestado por el Estado y por lo tanto los problemas que la educación superior colombiana arrastra difícilmente serán superados. Lo malo sin lugar a dudas puede empeorar.

 Fotografía tomada de: Foco Urbano (Maria Angelica Contreras)

En razón a esta realidad, y bajo el compromiso irrestricto del Grupo Estudiantil Barricadas con la educación colombiana y el reconocimiento fehaciente de su papel transformador, aportamos a la comunidad académica de la Pontificia Universidad Javeriana un material sucinto para la discusión, para la superación del desconocimiento de la coyuntura actual profundizado por la campaña de desinformación que adelanta el Ministerio de Educación y para realizar una sincera invitación a estudiantes, profesores y trabajadores para que se sumen a esta protesta, bajo la bandera de la unidad y la indeclinable tarea de erigir una educación al servicio de la sociedad, una educación como derecho y no como mercancía.
Consideramos que la discusión versa sobre distintos ejes: autonomía, financiación y calidad. Todos ellos se encuentran íntimamente relacionados y todos se encuentran a su vez profundamente vulnerados bajo este modelo de educación que busca ser implantado.
En primer lugar la nueva Ley de educación superior concibe la autonomía universitaria en diferentes planos, realizando de esta manera una interpretación funcional a lo reconocido en el art.69 de la Constitución Política. Es así como esta Ley comprende la autonomía de manera negativa, es decir, delimita ciertas actividades que las universidades pueden realizar, y por otro lado, destaca en su articulado la posición del Ministerio de Educación frente actividades de las universidades tanto públicas como privadas e instituciones de educación superior, entre ellas la reconocida en el título V capítulo III sobre inspección y vigilancia, el cual constituye prácticamente un código disciplinario que mina de manera flagrante la autonomía de las universidades. De igual manera, el reconocimiento indisoluble hecho por el gobierno entre educación y mercado laboral, sumado a la posibilidad de participación de instituciones no necesariamente de carácter público y no necesariamente sin ánimo de lucro en las actividades académicas, así como la búsqueda a través de la vigilancia e inspección de los programas para una estandarización, subordina la educación tanto como actividad como idea, al devenir del mercado.
Por otro lado, un eje de suma importancia es la financiación. Ésta en primer lugar no es acorde con las necesidades de las universidades y es claramente insuficiente. El gobierno nacional a través de esta iniciativa legislativa busca normalizar un elemento que ya era parte desde hace muchos años del mercado de la educación superior en Colombia. No se busca una financiación directa, no se busca redestinar los miles de millones invertidos en la guerra en la educación, no se busca tampoco a través de una inversión estatal regular el alza de las matriculas mediante un subsidio, mejorar y aumentar la infraestructura de las universidades; se busca claramente incrementar la base presupuestal del ICETEX, labor que no solo realizará el Estado sino de la cual también pueden participar otras instituciones. Posiblemente el “ánimo de lucro” fue suprimido en su expresión explicita del articulado, pero sin lugar a duda se encuentra inmerso en la totalidad de esta iniciativa. El incremento de la base presupuestal del ICETEX supone una financiación de la educación de carácter individual, ya que supedita el pago del crédito adquirido al momento en el que el estudiante acceda al mercado laboral. En este orden de ideas, la obligación del Estado de garantizar el derecho a la educación se descarga en la capacidad de endeudamiento de las familias colombianas, desdibujando por completo la concepción de la educación, así como ya se hizo con la salud. La educación pasa a ser un servicio garantizado tan solo para aquellos que tengan la capacidad económica de acceder a él. De igual manera esta forma de financiación supone una realidad a la que le falta un elemento esencial. Si bien en el “mejor” de los escenarios -un alto índice de endeudamiento- habrá muchos estudiantes con la posibilidad de acceder a la educación, la infraestructura actual con la que cuentan, al menos las universidades públicas, es insuficiente, por lo tanto el aumento de la cobertura bajo este modelo de financiación no es real.
Ahora bien, estos dos ejes tratados influyen ostensiblemente en el tercero y último eje: calidad. La educación superior tanto en Colombia como en el mundo se encuentra íntimamente relacionada con el capital, por un lado como mecanismo de consolidación de la hegemonía y por otro como espacio de capacitación para la producción. Sin embargo, la etapa actual del capitalismo supone la educación como una mercancía ficticia, la cual puede apropiarse. El gobierno nacional arguye que la generación de mayor acceso a la educación -improbable en razón al modelo de financiación adoptado- aumentara la calidad, pero esto no necesariamente es así. Como veíamos en líneas superiores, una financiación precaria e insuficiente supone -como ya sucede- o impone para las universidades la necesidad de autofinanciarse mediante consultorías, programas de extensión, etc. Dicha autofinanciación se manifiesta en la incapacidad por un lado de contar con las instalaciones más adecuadas y por otro en la imposibilidad de desarrollar programas de alta calidad. De igual manera, la posibilidad de que instituciones privadas participen del financiamiento supondrá la generación de programas acordes al mercado. La concordancia entre educación y mercado constituye el catalizador de la “confianza inversionista”. Esta concordancia es posible a partir de la autonomía universitaria que como veíamos en líneas superiores se mina considerablemente. Una autonomía heterónoma que supedita la educación a las decisiones del gobierno, el cual abiertamente reconoce que la educación debe estar en función del mercado, delimita un camino en el cual la calidad estará determinada por la capacidad de formar profesionales, técnicos, tecnólogos aptos para lo que el mercado requiere.
Finalmente cabe advertir que la educación constituye un bien común, un derecho de todos y todas que no puede ser apropiado. Considerar la educación una mercancía ficticia y reducir su carácter a una tarea de formación para el mercado supone necesariamente un descenso en la calidad de manera abrupta, debido a la relación intrínseca con el ciclo del mercado, lo cual imposibilitaría la construcción de programas a largo plazo y la consolidación de los mismos.
Para concluir, y con el ánimo de dejar claro que el movimiento estudiantil no tan solo ha leído la nueva Ley de educación, sino que también se ha propuesto la construcción de una serie de propuestas, vale la pena esgrimir sobre los ejes aquí mencionados lo que se manifiesta en el programa mínimo de los estudiantes: en materia de financiación se plantea que se reconozca la educación como un derecho y una condición necesaria para el desarrollo nacional, dejando de lado su connotación de mercancía; financiamiento estatal adecuado; inspección, vigilancia y control del monto de las matriculas, medidas orientadas al congelamiento de matriculas en universidades públicas y privadas y con el horizonte de gratuidad en universidades públicas en pregrado y posgrado; el ICETEX solo debe estar financiado por recursos del Estado. En cuanto a autonomía se rescata su fortalecimiento mediante la conformación de los cuerpos de gobierno de manera democrática y con participación mayoritaria de la comunidad universitaria; definición autónoma de sus agendas investigativas, currículos, programas, etc.; determinación autónoma de su gasto y rechazo de los procesos de acreditación y Saber-pro, ya que no constituyen un referente real de la calidad académica y violan la autonomía académica de las universidades de Colombia. Finalmente en materia de calidad se resalta el descongelamiento de la planta docente; respeto a la libertad de cátedra; aumento de cobertura y rechazo a la estandarización de contenidos.