¡SOMOS MUJERES Y HOMBRES LUCHANDO POR UNA EDUCACIÓN DEL TAMAÑO DE NUESTROS SUEÑOS. UNA NUEVA EDUCACION PARA LA SEGUNDA Y DEFINITIVA INDEPENDENCIA¡

Han pasado ya 19 años desde que la Ley 30 entro en vigencia. Durante ya casi dos décadas la educación en nuestro país ha ido paulatinamente decayendo, tanto desde el plano financiero como el de calidad, y sin embargo hoy, el gobierno nacional antes que asumir una tarea de carácter constitucional, ya que la educación es un derecho consagrado en nuestra carta política, pretende otorgarle a la educación el carácter de servicio, el cual no necesariamente será prestado por el Estado y por lo tanto los problemas que la educación superior colombiana arrastra difícilmente serán superados. Lo malo sin lugar a dudas puede empeorar.

 Fotografía tomada de: Foco Urbano (Maria Angelica Contreras)

En razón a esta realidad, y bajo el compromiso irrestricto del Grupo Estudiantil Barricadas con la educación colombiana y el reconocimiento fehaciente de su papel transformador, aportamos a la comunidad académica de la Pontificia Universidad Javeriana un material sucinto para la discusión, para la superación del desconocimiento de la coyuntura actual profundizado por la campaña de desinformación que adelanta el Ministerio de Educación y para realizar una sincera invitación a estudiantes, profesores y trabajadores para que se sumen a esta protesta, bajo la bandera de la unidad y la indeclinable tarea de erigir una educación al servicio de la sociedad, una educación como derecho y no como mercancía.
Consideramos que la discusión versa sobre distintos ejes: autonomía, financiación y calidad. Todos ellos se encuentran íntimamente relacionados y todos se encuentran a su vez profundamente vulnerados bajo este modelo de educación que busca ser implantado.
En primer lugar la nueva Ley de educación superior concibe la autonomía universitaria en diferentes planos, realizando de esta manera una interpretación funcional a lo reconocido en el art.69 de la Constitución Política. Es así como esta Ley comprende la autonomía de manera negativa, es decir, delimita ciertas actividades que las universidades pueden realizar, y por otro lado, destaca en su articulado la posición del Ministerio de Educación frente actividades de las universidades tanto públicas como privadas e instituciones de educación superior, entre ellas la reconocida en el título V capítulo III sobre inspección y vigilancia, el cual constituye prácticamente un código disciplinario que mina de manera flagrante la autonomía de las universidades. De igual manera, el reconocimiento indisoluble hecho por el gobierno entre educación y mercado laboral, sumado a la posibilidad de participación de instituciones no necesariamente de carácter público y no necesariamente sin ánimo de lucro en las actividades académicas, así como la búsqueda a través de la vigilancia e inspección de los programas para una estandarización, subordina la educación tanto como actividad como idea, al devenir del mercado.
Por otro lado, un eje de suma importancia es la financiación. Ésta en primer lugar no es acorde con las necesidades de las universidades y es claramente insuficiente. El gobierno nacional a través de esta iniciativa legislativa busca normalizar un elemento que ya era parte desde hace muchos años del mercado de la educación superior en Colombia. No se busca una financiación directa, no se busca redestinar los miles de millones invertidos en la guerra en la educación, no se busca tampoco a través de una inversión estatal regular el alza de las matriculas mediante un subsidio, mejorar y aumentar la infraestructura de las universidades; se busca claramente incrementar la base presupuestal del ICETEX, labor que no solo realizará el Estado sino de la cual también pueden participar otras instituciones. Posiblemente el “ánimo de lucro” fue suprimido en su expresión explicita del articulado, pero sin lugar a duda se encuentra inmerso en la totalidad de esta iniciativa. El incremento de la base presupuestal del ICETEX supone una financiación de la educación de carácter individual, ya que supedita el pago del crédito adquirido al momento en el que el estudiante acceda al mercado laboral. En este orden de ideas, la obligación del Estado de garantizar el derecho a la educación se descarga en la capacidad de endeudamiento de las familias colombianas, desdibujando por completo la concepción de la educación, así como ya se hizo con la salud. La educación pasa a ser un servicio garantizado tan solo para aquellos que tengan la capacidad económica de acceder a él. De igual manera esta forma de financiación supone una realidad a la que le falta un elemento esencial. Si bien en el “mejor” de los escenarios -un alto índice de endeudamiento- habrá muchos estudiantes con la posibilidad de acceder a la educación, la infraestructura actual con la que cuentan, al menos las universidades públicas, es insuficiente, por lo tanto el aumento de la cobertura bajo este modelo de financiación no es real.
Ahora bien, estos dos ejes tratados influyen ostensiblemente en el tercero y último eje: calidad. La educación superior tanto en Colombia como en el mundo se encuentra íntimamente relacionada con el capital, por un lado como mecanismo de consolidación de la hegemonía y por otro como espacio de capacitación para la producción. Sin embargo, la etapa actual del capitalismo supone la educación como una mercancía ficticia, la cual puede apropiarse. El gobierno nacional arguye que la generación de mayor acceso a la educación -improbable en razón al modelo de financiación adoptado- aumentara la calidad, pero esto no necesariamente es así. Como veíamos en líneas superiores, una financiación precaria e insuficiente supone -como ya sucede- o impone para las universidades la necesidad de autofinanciarse mediante consultorías, programas de extensión, etc. Dicha autofinanciación se manifiesta en la incapacidad por un lado de contar con las instalaciones más adecuadas y por otro en la imposibilidad de desarrollar programas de alta calidad. De igual manera, la posibilidad de que instituciones privadas participen del financiamiento supondrá la generación de programas acordes al mercado. La concordancia entre educación y mercado constituye el catalizador de la “confianza inversionista”. Esta concordancia es posible a partir de la autonomía universitaria que como veíamos en líneas superiores se mina considerablemente. Una autonomía heterónoma que supedita la educación a las decisiones del gobierno, el cual abiertamente reconoce que la educación debe estar en función del mercado, delimita un camino en el cual la calidad estará determinada por la capacidad de formar profesionales, técnicos, tecnólogos aptos para lo que el mercado requiere.
Finalmente cabe advertir que la educación constituye un bien común, un derecho de todos y todas que no puede ser apropiado. Considerar la educación una mercancía ficticia y reducir su carácter a una tarea de formación para el mercado supone necesariamente un descenso en la calidad de manera abrupta, debido a la relación intrínseca con el ciclo del mercado, lo cual imposibilitaría la construcción de programas a largo plazo y la consolidación de los mismos.
Para concluir, y con el ánimo de dejar claro que el movimiento estudiantil no tan solo ha leído la nueva Ley de educación, sino que también se ha propuesto la construcción de una serie de propuestas, vale la pena esgrimir sobre los ejes aquí mencionados lo que se manifiesta en el programa mínimo de los estudiantes: en materia de financiación se plantea que se reconozca la educación como un derecho y una condición necesaria para el desarrollo nacional, dejando de lado su connotación de mercancía; financiamiento estatal adecuado; inspección, vigilancia y control del monto de las matriculas, medidas orientadas al congelamiento de matriculas en universidades públicas y privadas y con el horizonte de gratuidad en universidades públicas en pregrado y posgrado; el ICETEX solo debe estar financiado por recursos del Estado. En cuanto a autonomía se rescata su fortalecimiento mediante la conformación de los cuerpos de gobierno de manera democrática y con participación mayoritaria de la comunidad universitaria; definición autónoma de sus agendas investigativas, currículos, programas, etc.; determinación autónoma de su gasto y rechazo de los procesos de acreditación y Saber-pro, ya que no constituyen un referente real de la calidad académica y violan la autonomía académica de las universidades de Colombia. Finalmente en materia de calidad se resalta el descongelamiento de la planta docente; respeto a la libertad de cátedra; aumento de cobertura y rechazo a la estandarización de contenidos.

¿En qué se basa este sistema de enseñanza? ¡Se trata de un modelo donde mandan las ganancias!

PROGRAMA MINIMO DE LOS ESTUDIANTES

(Documento construido y aprobado en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil los días 20 y 21 de agosto en la Universidad Distrital)

I. FINANCIACIÓN.
Aseguramiento de la Educación como un derecho y una condición necesaria para el desarrollo nacional, dejando de lado su connotación como mercancía; por tanto, rechazamos de manera íntegra y categórica la nueva Ley de Educación Superior y cualquier medida que tenga como propósito abrirle paso al lucro y a las transnacionales de la Educación Superior, incluyendo aquellas que hacen parte de los Tratados de Libre Comercio y los demás acuerdos comerciales que Colombia adopte sobre ésta materia.

Financiamiento estatal adecuado a la Universidad Pública sin condicionamientos, es decir, un aumento de los recursos estatales a la base presupuestal que dé cuenta de los costos generados en seguridad social, nomina docente y administrativa, programas de bienestar, aumento de cobertura, investigación e inversión; entendiendo que la financiación adecuada de la Universidad Pública es la principal herramienta para el aseguramiento de la calidad. De igual manera exigimos el pago de la deuda del Gobierno Nacional y de los entes territoriales con las Universidades Públicas.


El Estado debe ejercer la función de inspección, vigilancia y control sobre los montos de las matriculas en universidades colombianas. Los estudiantes debemos ser participes de manera real en las discusiones que al interior de las universidades se dan en torno al particular. Estas medidas deben estar orientadas hacia el congelamiento de matriculas en universidades privadas y públicas, y la gratuidad en las universidades públicas hacia el futuro tanto en pregrado como en posgrado.

Eliminación de exenciones tributarias a las multinacionales extranjeras e incremento progresivo de la participación estatal en la explotación de recursos naturales, en particular los de tipo minero-energético y reducción del presupuesto destinado tanto a la guerra como a la deuda pública, a fin de garantizar una financiación plena para la educación. Rechazamos las privatizaciones de empresas de servicios públicos pues ello es causa fundamental de su carestía. Parte de las utilidades de las empresas de servicios públicos deben destinarse al financiamiento de las Universidades Públicas.

El Icetex solo será financiado por recursos del estado, no provenientes de deudas con el sector financiero ni con organismos multilaterales de crédito, así tendrá la capacidad de reestructurar sus créditos, suspender los procesos contra quienes no han podido pagarlos y refinanciar los restantes. Los nuevos créditos que se otorguen serán sin capitalización de intereses y contarán con subsidios por logros académicos, deportivos y culturales.

II.DEMOCRACIA Y AUTONOMÍA

Fortalecimiento de la autonomía universitaria, entendida ésta como:
i) La facultad de las Instituciones de Educación Superior para definir sus cuerpos de gobierno de manera democrática y con participación mayoritaria de los estamentos que componen la comunidad universitaria en la dirección de la misma; ii) Definición autónoma de sus agendas investigativas, programas, currículos y contenidos por miembros de la comunidad académica como herramienta para asegurar la calidad,; iii) Determinación autónoma del gasto, en base a las necesidades, prioridades y definiciones de la comunidad universitaria. La autonomía entendida en estos términos solamente puede desarrollarse en tanto la comunidad académica cuente con garantías efectivas para la participación, por tanto exigimos el descongelamiento de la planta docente de las Universidades Públicas y el aumento de los profesores de tiempo completo y de dedicación exclusiva. Rechazamos los procesos de acreditación y las pruebas Saber Pro –antes Ecaes-, en primer lugar, por no constituir un referente real que dé cuenta de la calidad académica y en segundo lugar, por constituir una flagrante violación a la autonomía académica de las Universidades colombianas. Bajo ninguna circunstancia se puede entender que en virtud de la autonomía universitaria se obligue a las Universidades Públicas a basarse en sus propios esfuerzos económicos para garantizar su funcionamiento e inversión.


III. BIENESTAR

Entendemos que el bienestar universitario es un componente integral de la formación académica y por tanto éste debe ser ofrecido directamente por las Universidades y no a través de concesiones. Con este sistema se deben asegurar las elementales prestaciones como salud, alimentación, vivienda, transporte y el ejercicio de actividades deportivas, culturales y artísticas. Las garantías laborales para los trabajadores hacen parte del mismo, por tanto exigimos la contratación directa de los empleados de las universidades y el respeto a sus derechos salariales y prestacionales.
Exigimos que los recursos para bienestar universitario sean contemplados por los recursos que destina el Estado a las Universidades Públicas y que estos integren su base presupuestal.

IV.CALIDAD ACADÉMICA

Comprendemos que la calidad académica solamente será producto del respeto y garantías para que las comunidades académicas puedan desarrollar de manera optima su ejercicio académico, por tanto exigimos: i) El descongelamiento de la planta docente de las Universidades Públicas del país y el aumento progresivo de docentes de tiempo completo y de dedicación exclusiva; ii) El respeto y garantía para la libertad de cátedra en todas las universidades colombianas; iii). El aumento de cobertura en educación superior sobre la base de financiación adecuada a la Universidad Pública, como principal herramienta para asegurar la calidad. Finalmente rechazamos la estandarización de contenidos, política desarrollada a través de diferentes herramientas como los procesos de acreditación, las pruebas Saber Pro o la implementación de competencias académicas, ciudadanas o laborales.

V. LIBERTADES DEMOCRÁTICAS

Respeto y apoyo tanto a las expresiones culturales, políticas y sociales al interior de las Universidades, como a las formas de organización estudiantil, profesoral y sindical. Exigimos garantías para el goce efectivo de los Derechos Humanos, por tanto rechazamos la militarización de los campus y la persecución hacia miembros de la comunidad universitaria. De igual manera nos oponemos a las acciones tendientes a estigmatizar al movimiento universitario y exigimos respeto a la movilización social y al derecho a la protesta, así como a las demás libertades y derechos democráticos.

VI. RELACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD

La universidad colombiana debe estar ligada a las necesidades más sentidas del pueblo colombiano y al desarrollo y progreso de su mercado interno, por tanto su actividad académica e investigativa estará a su servicio. Esto implica que la universidad pública debe discutir y adoptar un nuevo modelo pedagógico que afronte, discuta y genere alternativas con respecto a las problemáticas sociales, económicas y medio ambientales que afronta el país, vincule a los grupos étnicos y culturales que componen la nación colombiana. Entendemos que la extensión universitaria hace parte integral del quehacer académico de la universidad motivo por el cual este debe responder a las prioridades y necesidades del pueblo colombiano.
Exigimos la creación de hospitales universitarios plenamente financiados por el Estado al servicio de la comunidad académica y de los colombianos y no al servicio del sector privado.
El estudiantado exhorta la concreción de la solución política y dialogada al conflicto armado interno que vive el país.

MANE COLOMBIA

DE CARA A NUESTRA EDUCACIÓN REFLEXIONES CONTEMPORÁNEAS SOBRE LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA

Foto tomada de: Grupo Estudiantil Barricadas

Los anales de la historia nos remontan a inicios del siglo XX si queremos recordar las primeras manifestaciones estudiantiles. Pueden haber pasado muchos años hasta nuestros días desde que las primeras consignas retumbaron en las calles colombianas, y sin embargo, pareciese que pasada ya la primera década del siglo XXI, aún los estudiantes tenemos mucho que decir. No es que en esencia los estudiantes seamos los mismos, ni tampoco las contradicciones que hoy nos aquejan son similares a las vividas en el crepúsculo de la década de los 20 del siglo pasado.  No obstante, existe algo que ha vulnerado el ineluctable paso del tiempo, ese algo es lo que ha forjado una identidad en el estudiantado colombiano, latinoamericano y universal. Ese algo es lo que hoy en día se nos quiere arrebatar.

Los estudiantes colombianos, al igual que los chilenos, en la actualidad nos encontramos volcados a las calles,  protestamos por lo que creemos es un derecho inalienable de toda la humanidad, un tesoro que debe estar resguardado de todo ánimo de lucro, un bien superior que debe estar al servicio de la sociedad: la educación. 

Es precisamente esta defensa, pero también la razón social irreductible que le reconocemos y su componente crítico y transformador, lo que constituye la identidad del estudiantado. Es esa firme convicción lo que ha superado el paso de los años y nuevamente hoy nos impulsa a luchar por una educación libre, soberana, digna, democrática y al alcance de todos y todas, capaz de conducirnos a la segunda y definitiva independencia.

El presente artículo busca hacer frente a la campaña de desinformación adelantada por el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación, desde donde se asevera que los estudiantes que adelantan el paro nacional universitario desconocen la Reforma a la Ley 30. Se busca entonces, hacer un esbozo de los elementos más preocupantes que hacen parte del articulado del Proyecto de Ley ya citado, pero además se busca replantear la educación desde un plano humanista, así como el desarrollo de las propuestas de los estudiantes frente la actual coyuntura.

Ante la nueva ley de educación cabe advertir

Hoy el movimiento estudiantil plantea una lucha que está enfocada al rechazo rotundo de la nueva ley de educación superior (Reforma a la Ley 30 de 1992), que pretende -aún no siendo explicito en su articulado- la mercantilización de la educación colombiana, fomentando la formación técnico/tecnológica en virtud del papel que juega Colombia en la división internacional del trabajo, promoviendo el endeudamiento individual a través del ICETEX para el acceso a la educación, reduciendo la autonomía universitaria, flexibilizando la contratación de profesores y asumiendo la educación en función del mercado laboral, desconociendo por completo su razón de ser.

La Reforma a la Ley 30 de educación superior, radicada el 3 de octubre, razón por la cual universidades de todo el país han entrado en paro  o asamblea permanente, no sólo afecta a las universidades públicas; la universidades  privadas también se ven perjudicadas y en general todas las instituciones de educación superior. Varios son los aspectos del articulado que se deben tener en cuenta para entender porque nos afecta a todos los estudiantes de las universidades privadas  y porque es necesario manifestarnos, generar espacios y propuestas alternativas donde los estudiantes seamos participes de la creación de un nuevo modelo educativo que nos beneficie a todos.

En primer lugar, la financiación es tal vez uno de los temas que más perjudica a los estudiantes, tanto de universidades privadas como públicas, pues gran parte de las personas que ingresan a la educación superior deben costear sus estudios por medio de créditos educativos con entidades bancarias y con el ICETEX. Estos créditos, en especial los que brinda el ICETEX, que deberían ser una herramienta que facilite el pago de las matriculas, se convierten en una deuda de la cual los estudiantes no pueden escapar  y que debe ser pagada al momento de graduarse. Teniendo en cuenta lo estrecho que es el mercado laboral hoy en día, las probabilidades  de  que una persona que se acaba de graduar de la universidad pueda obtener un trabajo en corto tiempo y bien remunerado son mínimas y complica la posibilidad de pagar el crédito educativo adquirido en años anteriores, alargando la deuda, generando que los intereses crezcan y termine siendo una deuda vitalicia. El gobierno nacional sostiene entonces que habrá mayores recursos para la educación, sin embargo no manifiesta que si bien se aumentara el presupuesto del ICETEX, la educación no será necesariamente financiada por el Estado, en razón a que como se manifiesta en líneas superiores, una vez el estudiante haya alcanzado su grado deberá asumir el pago de su crédito. La reflexión no debe ser otra. ¿Garantiza el Estado colombiano el acceso al derecho a la educación o por el contrario, como el gobierno lo denomina, la prestación del servicio público de la educación es desviada indirectamente a la capacidad de endeudamiento de los individuos?

Aunque este debate se viene dando desde antes de la reforma, con la  implementación de ésta, si bien se aumentará la posibilidad de acceder a “subsidios” con tasas de interés bajas, se generará también más endeudamiento a largo plazo de los estudiantes, lo cual nuevamente nos lleva a considerar sobre quién en realidad financia la educación en últimas, serán los estudiantes y sus familias o el Estado.

En adición, con la reforma y como lo dice el artículo 151, “Las instituciones podrán incrementar los valores de matrícula por encima del índice de precios al consumidor, siempre que presenten al Ministerio de Educación Nacional un informe financiero que precise las razones que dan lugar al incremento y que estén directamente relacionadas con la proyección de inversiones para el mejoramiento de la calidad del servicio que prestan”( ). De esta manera las matriculas dentro de las universidades privadas,  que ya de por sí son excesivamente costosas y anualmente aumentan al máximo en relación al índice del IPC, podrán incrementarse  por encima de éste  al  gusto de cada institución, lo que hará imposible su pago y una vez más,  ocasionará  el endeudamiento de los estudiantes que paradójicamente, al contrario de lo que pregona la reforma, impedirá su acceso y continuidad provocando mayores tasas de deserción.

Otro de los aspectos que afecta profundamente a las universidades privadas es el tema de la calidad educativa.  La calidad de la educación, que debería ser entendida en la manera en que la academia dirige sus estudios y sus investigaciones en el análisis de las diferentes problemáticas que atraviesa nuestro país y que además debería tener como fin la solución de estos, se plantea en términos de competitividad. De esta manera, entrar en el mercado laboral y la eficiencia con que las personas se desempeñen constituye la evaluación de calidad. En razón a esto se propone la construcción de profesionales al servicio de las multinacionales, de mega-proyectos que no necesariamente estén al servicio de la sociedad, si no proyectos que impliquen grandes ganancias para quienes inviertan en ellos.
Se dejan de lado los programas que no generan ganancias o no se creen competentes dentro del mercado mundial.  Asistimos a una reprimarización de la economía colombiana, donde la extracción de hidrocarburos y las extensas plantaciones de palma africana constituyen sus eslabones más importantes. En razón a esta realidad, Colombia dentro de la división internacional del trabajo debe promover la formación de manos capacitadas para extender dichos proyectos, de otra manera se vería incapaz de desarrollarlos. Cabe advertir que el estudiantado no se opone al desarrollo del país, ni mucho menos a la formación de técnicos y tecnólogos, lo que promueve el estudiantado es un desarrollo sostenible y equitativo, que no privilegie a unos pocos sino por el contrario a las mayorías de nuestro país, un desarrollo que comprenda la utilidad de todas las disciplinas del conocimiento para que efectivamente dicho desarrollo no revista tan solo de un plano económico, sino por el contrario propenda por la construcción de una nueva sociedad con justicia social.

 Por otra parte, podemos identificar que los profesores también se verán afectados con la reforma, pues en ella se plantea una flexibilización laboral en la cual las instituciones privadas tendrán la posibilidad de contratar a los profesores por horas (profesores de cátedra y no de planta), lo que perjudicará económicamente a los docentes y repercutirá a su vez  en su actividad académica. Para las universidades es mucho más cómodo contratar  profesores de cátedra, ya que estos no tienen derecho a prestaciones sociales ni demás requerimientos de bienestar que debería asumir cada universidad. Los profesores de cátedra  no están vinculados oficialmente con las instituciones, lo que directamente afecta también en el vínculo que debería existir entre el profesorado y el estudiantado, dejando de lado la oportunidad de construir una educación en conjunto. De dicha flexibilización laboral devienen dos afectaciones a la comunidad educativa: una directa y otra indirecta pero altamente predecible. La primera como ya se advirtió, yace en la precariedad del vínculo laboral, lo cual distorsiona la relación del docente con la universidad que adquiera sus servicios, de ahí que éste no halle mayor razón en promover grupos de investigación, semilleros, grupo de estudio, etc., ésta es entonces la afectación indirecta.

En resumidas cuentas, el acceso a la educación superior, en términos económicos y la calidad de la educación, son entre otros (autonomía universitaria, libertad de cátedra, bienestar universitario, democracia, etc.) asuntos de suma relevancia que se ven vulnerados fehacientemente en la reforma a la Ley 30. Ante esta coyuntura y esta lucha histórica no cabe otra consigna que ¡defensa de la educación superior! ¡Por una construcción verdaderamente democrática del modelo educativo! ¡La educación al servicio de la sociedad y no del mercado laboral!

Posibles conclusiones

De esta manera podemos ver que la reforma no es un problema de unos cuantos, ni solo de los estudiantes de universidades públicas. Lo que se propone con ella nos afecta a todos los que estamos dentro del sistema educativo: estudiantes, profesores, directivos, nuestros  padres y madres y también a quienes no han ingresado aún a cursar sus estudios de educación superior, a la sociedad colombiana, pues la educación es la base de toda sociedad.

La educación debería primar sobre todo, pues solo educándonos  podremos realmente participar de la construcción de un mejor país, un país en el que todos tengamos acceso a los derechos consagrados en la Constitución de 1991, entre ellos la educación; un país igualitario en donde en lugar de promover la construcción de dinámicas que nos separen y nos dividan más entre ricos y pobres, podamos acceder a nuestros derechos sin ninguna discriminación. Es labor nuestra, de todos los colombianos y colombianas, salir a las calles a manifestarnos y exigir que se nos escuche y que se nos involucre dentro de la construcción de una verdadera educación, incluyente, con garantías y condiciones para todos y todas, con calidad, pero con calidad humanística y no en función del mercado.

En razón a esta realidad, dentro de la MANE (Mesa Amplia Nacional Estudiantil) los estudiantes de todo el país hemos venido construyendo varias propuestas en donde se habla precisamente de lo que presentamos en este artículo sobre lo nociva que es esta nueva ley de educación. Se expone como la reforma ha sido construida a espaldas de la comunidad educativa; estudiantes, profesores y padres de familia no han tenido ninguna participación real dentro de su construcción por lo que no debería tener validez alguna.
Esta propuesta se divide en tres ejes: movilización, organización y programático. Dentro de las propuestas de movilización se propone la construcción del actual paro nacional al que han entrado varias  universidades como lo son: Universidad Nacional de Colombia, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad de Antioquia, por nombrar algunas. También las distintas fechas de movilización, como las que se presentaron el pasado 7 y 12 de octubre del presente año,  las consultas por universidades que se realizaron entre el 6 y 8 de octubre y las distintas acciones que se presentan dentro de las universidades, como asambleas por facultad y asambleas generales para contextualizar a los estudiantes.

En el eje de organización se abre la participación en la MANE a todos los estudiantes y universidades estén interesados, pues es un espacio que pretende una construcción conjunta de acciones estudiantiles a nivel nacional por un mejor país y construido con la amplitud que este requiere. “…avanzar en el proceso de acercamiento y politización del estudiantado y abanderar un proceso de dialogo con otras expresiones del movimiento social y popular de cara a la lucha por una Educación Superior que se compadezca de las realidades del pueblo colombiano.” (MANE Colombia, 2011).  Todo esto teniendo en cuenta las particularidades de cada universidad, tanto privadas como públicas. De igual modo, se tiene en cuenta la estigmatización y señalamiento al que se han visto sometido el movimiento estudiantil a lo largo de los años, y se lucha por reivindicar el movimiento estudiantil lejos de esta estigmatización.

Finalmente, dentro del eje programático, que es donde se encuentran las principales propuestas de parte de los estudiantes y en donde se lleva a cabo la construcción del programa mínimo, “(…) se plantea como criterio de adhesión a la MANE, es decir, su defensa es premisa para la construcción de la misma. Y es planteado como un conjunto de elementos programáticos a ser desarrollados en la propuesta alternativa que debemos construir. Ello conlleva la necesidad de definir una metodología que enriquezca y supere ese programa mínimo hacia el programa de los estudiantes universitarios” (MANE Colombia, 2011)

El programa mínimo de los estudiantes se maneja bajo los siguientes ejes: La Educación debe ser financiada por el Estado, Bienestar Universitario, Calidad Académica, Democracia y autonomía y Universidad y Sociedad. Puntos que se han venido desarrollando,  pues esta propuesta es un proyecto a largo plazo que pretende además la construcción de una solución amplia que recoja tanto a universidades privadas como públicas y de esta manera sea un espacio en el que se dé la posibilidad de participación activa de todo el estudiantado, permitiendo que la barrera construida durante tanto tiempo entre los estudiantes de universidades públicas y privadas, entre las regiones y las ciudades, se acabe ahora. Sólo la unión de todos logrará que nuestra lucha sea efectiva, que la nueva ley de educación sea derrotada, que el gobierno colombiano entienda que ésta no es una pelea sin sentido, que no se trata solo de mostrar inconformidad sin argumentos ni propuestas, que el movimiento estudiantil colombiano no es ignorante como muchas veces nos han llamado en comerciales, videos y entrevistas realizadas por la ministra de educación y el gobierno, sino que al contrario, leímos la reforma, la debatimos, la entendemos y no estamos de acuerdo con ella, pero además tenemos propuestas alternativas en las que cada día seguimos trabajando para llegar con argumentos fuertes construidos por nosotros y nosotras. 
 

Fotografía tomada de: Grupo Estudiantil Barricadas

Reconocemos que la construcción de una verdadera propuesta educativa democrática debe iniciar con el retiro del proyecto de Ley ya radicado, ya que como lo ha manifestado el presidente Juan Manuel Santos, esta reforma “va por que va” y sostener un debate bajo estas condiciones no otorga ninguna garantía a la comunidad académica. Por último,  reiterar el ánimo indeclinable del estudiantado colombiano de luchar por una educación a la altura de nuestros sueños, que permita el acceso de todos los colombianos y colombianas, que promueva el respeto y la igualdad, que se forje bajo las banderas de la democracia y funja como el eslabón necesario para alcanzar la paz con justicia social tan anhelada que consolide la segunda y definitiva independencia.